El marco jurídico de los puertos deportivos y las concesiones administrativas será uno de los temas protagonistas del International Sailing Summit – III Encuentro Profesional de Náutica y Puertos Deportivos, que se celebrará los días 11 y 12 de junio en Málaga. Dentro del bloque jurídico del encuentro participará Alejandro Hernández del Castillo, socio de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, despacho especializado en asesoramiento integral tanto a entidades públicas como privadas. En esta entrevista, analiza los principales retos regulatorios de la industria náutica, la importancia de la seguridad jurídica y el papel de la colaboración entre administraciones y operadores para impulsar el desarrollo del sector.
El marco jurídico de los puertos deportivos y las concesiones administrativas será uno de los temas centrales del International Sailing Summit. ¿Cuáles son hoy los principales retos legales a los que se enfrenta el sector náutico?
Sin duda, la oportunidad del modelo de gestión y la seguridad jurídica. Siendo todo el dominio público portuario de titularidad estatal, la competencia sobre las instalaciones náuticas se encuentra distribuida entre el propio Estado y las comunidades autónomas, de manera que, aparte de la ley estatal, nos encontramos con diez leyes autonómicas, cada una con sus peculiaridades, y resulta necesario uniformar todas las legislaciones, a fin de que cualquier operador disponga de esa necesaria seguridad jurídica.
Se han dado pasos relevantes en esta dirección, pero hay que seguir avanzando. Por ejemplo, no debería ocurrir que, tratándose de dos instalaciones náuticas muy próximas, los derechos económicos que abona el concesionario sean diferentes, según se trate de puerto de competencia estatal o autonómica.
Desde Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia trabajáis en el asesoramiento tanto a entidades públicas como privadas. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la complejidad jurídica dentro del ámbito portuario y marítimo?
Esa complejidad dimana directamente del sistema comentado y de los factores a considerar para ganar una licitación. No me refiero tanto a la solvencia económica y técnica de las empresas, que solo posibilitan poder jugar la partida, sino a la forma de valoración de las ofertas admitidas. No es fácil conseguir el equilibrio entre criterios objetivos y subjetivos.
La seguridad jurídica es un elemento clave para atraer inversión y garantizar el desarrollo de infraestructuras náuticas. ¿Qué aspectos consideras prioritarios para generar un marco más estable y competitivo?
De acuerdo con lo comentado, la seguridad jurídica es la que da solidez al sistema y permite fomentar una concurrencia en condiciones de igualdad de oportunidades para todos los operadores.
El fomento de la competencia es esencial, pues es lo que permite disponer de servicios más baratos, más eficaces y de mayor calidad. Para ello es preciso conseguir un equilibrio entre el plazo de explotación de las concesiones, permitiendo al concesionario amortizar su inversión y obtener una cuenta de resultados positiva, y la oportunidad de que nuevos operadores, que pueden aportar soluciones más imaginativas y rentables para el interés público, lleguen efectivamente a gestionar instalaciones acordes con la demanda de los usuarios.
La sostenibilidad, la digitalización y los nuevos modelos de negocio están transformando también el sector náutico. ¿Cómo están impactando estos cambios en la regulación y en las necesidades de asesoramiento jurídico?
Agilizan la prestación del servicio y lo impregnan de mayor calidad, pero al tiempo están creando desasosiego e inseguridad. Resulta que, en muchas ocasiones, la IA sabe más que quien la opera, y estoy convencido de que quien la maneje debe saber más que ella, única manera de conocer si lo que se diseña a través de IA es correcto o no. De otro modo, estaremos creando un cuerpo de meros autómatas que no saben el porqué de las cosas.
Andalucía cuenta con un enorme potencial para consolidarse como referente internacional de la náutica y los puertos deportivos. Desde el punto de vista jurídico y estratégico, ¿qué oportunidades identificas para impulsar ese crecimiento?
Andalucía cuenta con un vasto litoral, dotado de numerosas instalaciones náuticas, pero resulta que hay desequilibrios, pues muchos operadores se focalizan en unas cuantas en detrimento de otras que no atraen el interés de los inversores.
Somos conscientes de que la Administración autonómica está trabajando duro en ello, intentando dar facilidades para acceder a la gestión de instalaciones ubicadas en territorios que presentan menor interés, pero hay que seguir avanzando sin bajar la guardia.
La colaboración entre administraciones, operadores y empresas privadas parece cada vez más necesaria. ¿Qué importancia tiene esta cooperación para desarrollar proyectos sólidos y sostenibles a largo plazo?
Una importancia capital, pues el objetivo es común para todos: la satisfacción de los usuarios con unas instalaciones modernas y competitivas.
Para ello es esencial ahondar en la cooperación y la confianza legítima de unos y otros. Los operadores, ya sean compañías o clubes náuticos sin ánimo de lucro, no pueden ver a la Administración como un lobo con inusitado afán recaudatorio, del mismo modo que la segunda no puede ver a los primeros como alguien que va a esquilmar los recursos públicos.
Para terminar, ¿qué valor tiene para vosotros participar en un encuentro como el International Sailing Summit a la hora de compartir conocimiento y debatir sobre el presente y futuro jurídico de la industria náutica?
Es un foro de contraste que permite encontrar soluciones diversas que pueden coexistir para afrontar un mismo problema. El derecho no es unívoco, sino que en función del objetivo a conseguir admite diversas alternativas, sin que necesariamente una sea mejor que otra.
